Realización de informes periciales

De parte o por asignación judicial

El Art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el marco legal que ampara en España la práctica pericial psicológica, estableciendo que

“cuando sean necesarios, conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

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De aquí se desprende que el primer contacto de un/a psicólogo/a con un caso judicial puede ser a través de un abogado, del propio cliente o por designación directa del juez mediante el correspondiente mandamiento. Dependiendo de quien parta la solicitud de la evaluación pericial, el informe realizado recibirá una denominación u otra, estando, siempre, en manos del Tribunal la toma de decisiones final sobre la pertinencia o no del peritaje, valorándose éste según las reglas de la sana crítica (Art. 348 LEC.).

Posteriormente a la entrega del informe escrito se da el acto de ratificación. En él, las personas intervinientes en el juicio son llamadas para declarar lo ya declarado o informado. El perito-psicólogo/a debe ratificarse también en el caso de que sea requerido para ello, en la totalidad de lo comunicado en el informe escrito.

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El ámbito de actuación de una pericia psicológica  se extiende fundamentalmente a tres áreas: psicología jurídica del menor, psicología aplicada al derecho de familia y psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal.

Dentro del ámbito de la Psicología jurídica del menor, los juzgados de menores cuentan con psicólogos/as especialistas que trabajan en colaboración con jueces y fiscales.

En el ámbito de la Psicología aplicada al Derecho de Familia, desde el establecimiento en España del divorcio (Ley 30/1981, del Divorcio) se ha ido incorporando a los Juzgados de Familia la figura del psicólogo/a como asesor/a del juez de familia. Sus funciones como perito son:

  • Emitir los informes técnicos de la especialidad solicitados por el Juzgado en los procesos de rupturas de parejas con hijos (separación, divorcio, nulidad e incidentes de modificación).
  • Emitir los informes de la especialidad en otras situaciones que plantea el derecho de familia: tutelas, acogimiento, adopciones, autorizaciones para contraer matrimonio, etc.
  • Seguimiento de los casos.
  • Asesoramiento a los jueces y fiscales cuando se estime necesario.

En el ámbito del derecho civil, la actividad del psicólogo/a se basa en el asesoramiento y en el peritaje de diversas figuras jurídicas relacionadas con la competencia, evaluando si la persona es responsable para:

  • Hacerse cargo de la patria potestad, guarda y custodia de un menor o incapacitado.
  • Cuidar de sí mismo y de sus propiedades
  • Desenvolverse en su vida diaria sin ayudas especiales y, en su caso, determinar la necesidad de que se le presten ciertas ayudas específicas (disminuidos físicos y psíquicos).
  • Prestar su consentimiento para que se realice una intervención (de cualquier tipo) sobre su salud física o mental.

En el derecho laboral, el psicólogo puede ser requerido para asesorar al juez en temas relacionados con la capacidad laboral de los trabajadores, las secuelas psicológicas derivadas de accidentes laborales y otras contingencias como el acoso laboral (mobbing), burnout, estrés laboral, simulación y problemas psicofisiológicos que contempla la nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por último, en la Psicología aplicada al derecho penal, el trabajo del psicólogo/a se basa en la evaluación y diagnóstico de personas implicadas en procesos penales, con la finalidad de determinar si existen circunstancias que puedan eximir o atenuar la responsabilidad criminal, daño moral y las secuelas psíquicas derivadas, realizando una valoración de la imputabilidad, pudiendo ser esta total o parcial, dependiendo de las circunstancias. Según el Código Penal vigente en España, se entiende por imputabilidad la capacidad intelectual y volitiva de una persona que le permite conocer la ilicitud o licitud de su actuación y que le permite determinar su voluntad. Así se considera imputable al mayor de 18 años no enajenado ni afectado por un trastorno mental transitorio y que tampoco tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad como consecuencia de alteraciones en la percepción.

El perito determinará si la persona está en condiciones de:

  • Conocer y usar su derecho a guardar silencio y a ser asistido por un abogado antes de prestar declaración ante la policía y el juez.
  • Declararse culpable de forma libre, consciente y voluntaria.
  • Renunciar a su defensa.
  • Colaborar con su abogado en la preparación de la defensa
  • Ser juzgada y, en su caso, si necesita tratamiento o preparación previa para acudir al juicio adecuadamente.
  • Poseer las capacidades cognitivas, afectivas y volitivas para que se establezca en su caso, la responsabilidad criminal.
  • Cumplir una sentencia, así como la determinación de las circunstancias de la misma.

Dado el gran valor que aporta al proceso judicial la información de un informe psicológico pericial, cada vez más los psicólogos/as jurídicos  privados son requeridos por un determinado cliente o su abogado para el estudio y la evaluación del caso, siendo sus conclusiones en muchos casos determinantes tanto en la petición al juzgado como en la emisión de una sentencia por parte de los magistrados. 

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